El BOE de la semana pasada, volvía con un tema que afecta a unos Servicios Sociales que, sin duda alguna, venimos acusando lo que denuncia la compañera Belen en su blog como «tendencia de los gobiernos a utilizar los sistemas públicos de servicios sociales para certificar cuestiones variopintas».

Bien, coincidiendo con la denuncia y la preocupación, quiero poner ejemplos de lo más común del variopinto panorama, y mi opinión en cada caso. Y es que yo distinguiría entre unos y otros certificados. Lo más común es lo siguiente:

1.- Se nos pide un informe/certificado ante la ausencia de datos económicos oficiales: este tipo de certificaciones son las que creo hay que rechazar en la medida de lo posible: TODOS los sistemas públicos, podemos entrar (y si no, hay que lucharlo) en las mismas plataformas. Los Servicios Sociales no tenemos bolas de cristal para saber si alguien hace chatarra, o vende cosas por wallapop (cosa que la clase media hacemos sin problema).  Que quede claro: este tipo de asuntos sólo es resoluble mediante declaración jurada del interesado/a: los Servicios Sociales, sobramos. No somos una notaría lowcost: este tipo de requerimientos, hace que cualquier persona (pobre, a quienes no lo somos, nadie nos pide estas cosas), tenga que abrirse en canal ante quien no es competente.

2.- Certificado de sufrir una situación de riesgo (para acceder a un recurso). En mi opinión, es un tipo de certificado que no debemos realizar a no ser que, de manera simultánea, se informe a quien corresponda tomar medidas protectoras.

En este caso, es la ocasión para detectar situaciones que desconocíamos y ofrecer los recursos existentes, apoyo, etc. Es una oportunidad para la intervención social y para poner en marcha la protección de personas, si correspondiese.

3.- Certificado «de no tener recursos» por ejemplo, para acceder a un ropero o bolsa de alimentos en entidad privada. En mi opinión, los Servicios Sociales públicos no deben realizarlo a no ser que exista un convenio que establezca un protocolo, devolución de datos, etc.

Me explico: los Servicios Sociales debemos disponer de los medios pertinentes para cubrir, si así se valora, la necesidad. En caso de que no exista o tarden en estar disponibles, debemos informar a nuestra institución del déficit existente, y que ello obliga a requerir el apoyo de un tercero. En caso contrario, seremos, en parte, «cómplices» de dichas lagunas.

Por ende, las entidades privadas deben invertir en recursos de valoración y racionalización si cabe, en detrimento de pedir tantos bienes «a distribuir».

Veo oportunidad  no sólo la intervención y para la mejora de nuestra institución, sino para la pedagogía sobre lo público y lo privado e incluso para poner las cosas (incluidas las entidades) en el lugar y labor que corresponde.

4.- Certificaciones para acceso a derechos sociales (no de tipo económico, como traté en el primer punto), como empadronamiento de personas sin hogar o el IMV.

Sinceramente (e igual no cae bien); si lo dice la norma, hay que hacerlo, y de la mejor forma posible (a veces no es preciso ni una cita, porque ya tengamos toda la información). Si fuese el caso, quejándonos ante quien corresponda (mejor, en modo constructivo), ya que, como dice Belén, «si nos negamos a certificar estas situaciones perjudicaremos a las personas que necesitan el IMV y provocaremos sufrimiento. Más.» En estos casos también veo una oportunidad para la intervención social. Por ejemplo, siempre he pensado que el que una persona sin hogar esté empadronada en un banco de la calle es absurdo teniendo Centros de Servicios Sociales.

 

Y termino: la ciudadanía no debe pagar los déficits de entendimiento (incluso electrónico) entre Administraciones, ni nuestro malestar ante peticiones extravagantes – que las hay-  o delegaciones impropias de competencias. Es más, sigo defendiendo que el ciudadano/a tiene derecho a obtener un informe social (colaborando en lo que sea pertinente -no impertinente, se me entiende- cuando lo desee. No a dictarlo, claro, pero sí a solicitarlo, obtenerlo, cuestionarlo e incluso a denunciarnos si cabe por el contenido de él). Este es otro tema, pero relacionado, ahí lo dejo.

Aporto para la reflexión, desde el convencimiento de que estamos haciendo un gran trabajo. La gente se lo merece.

Ánimo, colegas.

Nacho

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HAY CERTIFICADOS y certificados
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Un pensamiento en “HAY CERTIFICADOS y certificados

  • 07/02/2021 a las 14:44
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    Por qué no buscamos separar las prestaciones económicas de las prestaciones sociales y retomamos el Trabajo Social como esencia de nuestra intervención profesional: acompañamiento social. motivación empatía, escucha activa y la burocracia y los baremos para otros. ¿Podremos algún día?

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