A nadie se le ha escapado el impacto de la regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada por el RD 316/2026.
Leo a diario análisis sobre cómo se debía haber hecho y comparto muchas opiniones e informes de diversas instituciones. Sin embargo, reconociendo que podría haberse realizado de manera muy mejorable (en forma, fondo y planificación especialmente), no incidiré sobre ello, sino en nuestro papel como Servicios Sociales.
Comienzo simplemente con enunciar el objetivo de los servicios sociales, que según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, es «evitar que las personas se enfrenten a barreras tales que les impidan el ejercicio de sus derechos o el disfrute de una vida plena en la comunidad, evitando o reduciendo situaciones de exclusión social o desprotección«.
A raíz de esta definición cuyo mensaje es cristalino, no se me ocurre ninguna razón por la que no hagamos el esfuerzo que sea necesario para que aquellas personas que viven en nuestros barrios puedan integrarse plenamente, comenzando por alcanzar una situación administrativa para la que se ha abierto una ventana de oportunidad.
Evidentemente, hay dificultades estructurales (plantillas, tecnología, etc.) que se han puesto sobre la mesa a partir de la petición del famoso certificado de vulnerabilidad, el cual es pedido por muchas personas y algunas de ellas sin precisarlo (haber trabajado, menores, etc. ) : no podemos culpar a quienes intentan reunir cuanta más documentación sea posible con el objetivo de conseguir regularizar su situación administrativa. Nada que no haríamos cualquiera. Y no es la primera vez que nos enfrentamos a situaciones institucionalmente críticas (2008, COVID, etc.).
Sin embargo, encuentro posicionamientos que me parecen contrarios a la norma (que sólo habla de «residentes», no de empadronados ni de personas con expediente previo), al objetivo de los Servicios Sociales (ya citado), a nuestro deber como funcionarios/as y ya, no digamos, a lo que pretendemos como trabajadores/as sociales en cuanto a quienes viven en la exclusión social.
Y es que, seamos sinceros: tal y como muestra Sara Mesa en «Silencio administrativo: La pobreza en el laberinto burocrático» (un librito que es una bofetada para cualquiera de nosotros), hemos creado unos servicios sociales con ciertas dinámicas exclusógenas (y unos municipios más que otros).
Especialmente lo digo por las dificultades que encuentran para empadronarse en muchos municipios las personas sin hogar o sin domicilio cierto (prueba de ello es que Madrid es uno de los pocos que tienen regulado este asunto), y donde siempre queda aquello del «es que no está en intervención»: un concepto con el que cerramos nuestra acción a un grupo «que nos conoce previamente» y que está ya dentro de la dinámica de «escalera» (o más bien de carrera de vallas). A veces me recuerda a esas tiendas (a razón, han ido desapareciendo), donde entrabas y sólo veías carteles sobre lo que NO hacían «no hacemos fotocopias», «no damos cambio», «reservado el derecho de admisión»… lejos de un servicio «al servicio» público: «no se atiende sin cita», «no sin empadronar», «no…».
En definitiva: la actual es una gran oportunidad para ellos/as y para nuestros servicios: es momento no sólo de remangarse – que en ello estamos, segurísimo – , sino de revisar nuestros sistemas de acceso y de explicar a esa masa de población (que sabíamos que estaba pero no la veíamos) lo que podemos hacer por ellos (mucho) porque, en breve, serán ciudadanos/as de pleno derecho, también, para hacer uso de unos Servicios Sociales que están a su servicio.
Ánimo
Nacho
