Desde hace bien poco usamos el término superpoder de manera cariñosa para señalar la principal fortaleza de alguien. El objetivo de esta entrada es señalar la que, pienso, es la principal de nuestros servicios sociales locales.

Pero empezaré por las que NO son:

• Desde luego, NO es la unidad: nuestro “sistema” es prestado “por una miríada de autoridades con potestad política” (Aguilar, 2013) formada por un número indeterminado de instituciones públicas que, al menos, asciende a 929: 1 Estado, 17 autonomías, 54 provincias, 458 comarcas/mancomunidades y 399 ayuntamientos obligados a prestarlos. Podría decirse, además, que, en grandes municipios, hay diferencias entre unos y otros territorios / distritos, así que pasamos de los 1000 sin duda.

• TAMPOCO son las prestaciones materiales: el mayor peso ellas está en las destinadas a personas dependientes y desde la implantación de la ley de Dependencia (39/2006), los municipios cada vez tenemos menos poder decisorio, según territorios: los hay que son un simple “buzón” de la Comunidad Autónoma o meros ejecutores de los servicios indicados en el PIA (Programa Individual de Atención); todo ello en retroceso por el avance del cheque-servicio (PVS) y la prestación para cuidados en el entorno familiar (PECEF).

• Y TAMPOCO son las ayudas económicas: la práctica desaparición de las rentas mínimas en algunos territorios (tras la aprobación del IMV) ha extinguido no sólo la prestación en sí, sino ese “poder” que teníamos en cuanto al seguimiento de esas rentas. Incluso, en los que continúan existiendo, en algunos casos se gestionan desde otras administraciones. Además, las ayudas económicas municipales son una mínima parte del presupuesto total.

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¿Entonces? ¿cuál es nuestro superpoder?

En mi opinión: la prestación técnica, es decir: los y las profesionales constituyen el superpoder del «sistema» local de Servicios Sociales.

Y este superpoder está formado en su inmensa mayoría  por trabajadores/as sociales (que somos los profesionales de referencia en la mayoría de las CCAA ya sea por ley o de facto), aunque también hay otras figuras profesionales: auxiliares, educadores/as, psicólogos/as, etc.

Pero, vamos, que no es sólo una opinión: basta con mirar el peso del capítulo 1 (y la parte «salarial» del 2) sobre el resto de capítulos presupuestarios.

La cuestión es si los y las profesionales somos conscientes de constituir ese superpoder: el del acompañamiento, el asesoramiento, la orientación, etc. desde, ahora, un rol más alejado del “control prestacional” que hemos estado desempeñado históricamente.

Por supuesto, no soy un ingenuo: hay muchas dificultades para ello, me consta.

Pero lo que sí tengo claro es que es absolutamente necesario confiar en nuestras habilidades para estar al lado de la ciudadanía, levantar la mirada de la mesa, proponer nuestros servicios a las personas que ya “no dependen” de una prescripción facultativa (porque ahora, la tienen por derecho subjetivo); organizar la tarea y hacer cosas chulas; innovar; abandonar posturas reactivas, y, en definitiva: creer que otros Servicios Sociales son posibles. Quizá no sea suficiente, pero sí necesario.

Ánimo

Nacho