Las vacaciones suelen ofrecer la oportunidad de encontrarnos con personas ajenas a nuestro círculo habitual y, como es normal, nos encontramos con opiniones que nos permiten también palpar «lo que se dice de nosotros» (los servicios sociales municipales) sin tapujos.
En este sentido, este verano me he chocado hasta en tres ocasiones con la misma frase: «las asistentes sociales de mi pueblo son muy malas» (o similar), y, yo – que ya no entro en la denominación de la disciplina para centrarme en lo mollar- intento rebatir (sin conocer a la profesional, que puede ser nefasta, como en cualquier ámbito) sin mucho éxito (lamento reconocer) ya que tampoco el escenario (en bañador, aperitivo, etc.) es demasiado propicio para dar lecciones.
En cualquier caso, como seguro que no soy el único, y para colegas que me lean, quisiera dar unas pistas para confrontar este tipo de argumentos:
En primer lugar, evidentemente, encontrarse en primera línea de atención al público, y en el entorno, es el principal parámetro a tener en cuenta: no tiene el mismo nivel de exposición que un/a TS de atención directa en un centro de servicios sociales, que quien valora el grado de dependencia, por ejemplo, cuya acción es puntual.
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En segundo lugar, ser (habitualmente) puerta de entrada al sistema lleva implícito, en cierto modo, ser «llave de paso» a prestaciones, más palpables en el caso de las materiales (residencias, etc.) o económicas. Unido a que las expectativas y exigencia social respecto a las administraciones son enormes (y en aumento). Parecido a lo que pasa a los médicos a la hora de recetar o conceder una baja laboral.
En tercer lugar, hay razones de tipo jurídico e institucional: a la consabida fragmentación del sistema de servicios sociales (en un mismo municipio puede haber hasta 5 administraciones diferentes prestándolos), se une el que las entidades locales no pueden crear ni reconocer derechos subjetivos (prestaciones por ley), cómo sí puede hacer la AGE o las Autonomías. Sólo podemos «reglamentar y autoorganizar» (LRBRL-Art4) y siempre bajo el criterio de la limitación presupuestaria que no tienen las administraciones de rango superior, lo cual crea un clima mucho más propicio a la arbitrariedad y por ende, a «cargar» (y sufrir, y hacer nuestra, pero eso es otro debate) con la culpa del malestar social (sea cual sea la causa).
A todo ello, muchísimos municipios no han articulado reglamentos / ordenanzas para sus prestaciones más comunes, lo cual, no ayuda.
Eso, al margen de la idiosincrasia de cada quién, claro. El tema es que estos factores (y alguno más) se materializan, en que, finalmente, la profesional de los servicios sociales municipales (normalmente, mujer -algo también determinante-) y habitualmente trabajadora social, termina siendo la mala de la película y tema de conversación veraniega.
Desde el convencimiento de que no somos tan malos/as (y que lo usual es quejarse pero no felicitar o agradecer), espero haber dado pistas de apoyo para el próximo verano (o lo que queda de él), pero, ante todo: disfrutemos del merecido descanso.
Ánimo.
Nacho
