Hace un par de semanas me llegó un artículo relativo a informes médicos que eran requeridos con los pretextos más peregrinos que podáis imaginar: entre otros, librarse de presidir la escalera vecinal o de usar gorro de baño en la piscina >VER.

Conociendo nuestra realidad, algunos/as colegas estuvimos contando en twitter rarezas de este tipo encontradas en nuestros despachos. Humor inocente, ya que partimos de que a nadie le es plato de gusto tener que estar pidiendo documentos justificativos de situaciones a primera vista estúpidas, pero detrás de las cuales suele haber un drama. Además, el informe social es uno de nuestras principales herramientas profesionales, no lo olvidemos.

No obstante, no deja de ser un asunto bastante serio ya que, a diario, ciudadanos/as a quienes atendemos en Servicios Sociales, solicitan informes, y, si bien ya expresé mi posición al respecto >VER entrada ¿quiero un informe social!, querría abordar otras problemáticas que quedaron en el tintero:

En primer lugar, la reiteración de informes sobre las mismas personas, por ejemplo: una familia percibe la Renta Mínima. Evidentemente, tiene muchas carencias: en una ciudad con un precio medio de 3000 €/m2, una mamá con su hija que percibe 512 € de RMI, no debería precisar informes complementarios (más allá del certificado de la prestación) para ser considerada como beneficiaria de programas de alimentos, becas de comedor, etc. Sin embargo, es habitual que, cada vez que cualquier administración o entidad (subvencionada o no) saca una ayuda, por mínimamente dotada que esté, se solicite informe específico de Servicios Sociales.

La última ha sido la de certificar lo de ser «consumidor vulnerable» de energía (un título amplio para, después descubrir que los requisitos son ultrarestringidos). Coincido en lo absurdo que terminan siendo los apellidos de la pobreza (pobreza infantil, pobreza energética … ), los cuales hacen que se tengan que expedir certificados diferentes para cada «tipo de pobreza» (parece de coña, pero no) que el sistema va «bautizando».  Por ejemplo: en el caso anterior… por favor… ¿alguien puede pensar que no sufre «pobreza energética» o que «precisa alimentos»?, y sin embargo, el sistema la hará «pasar» periódicamente a por un certificado específico para «demostrar que es pobre». Lamentable.

En segundo lugar, los y las profesionales se ven abocados/as a estar continuamente «entretenidos/as» en redactar estos informes, cuando su papel es muy diferente: lejos de «expendedor/a de certificados», deberíamos poder sentarnos junto a esa familia y estudiar aspectos como la formación, búsqueda de empleo, escolarización, relaciones sociales, etc. También se añade que cada administración suele requerir informes en formatos, con coletillas y datos diferentes, claro: la creatividad en informes no suele tiene límites.

En tercer lugar, y a riesgo de caer mal a colegas: algunos/as profesionales han terminado adoptando una actitud de control de certificados (valorando y revalorando a quienes ya conocen y están en seguimiento (citando, además), para cualquier asunto como el disfrute de un campamento de verano o el acceso a programas de alimentación. En definitiva: dando importancia a algo que no la tiene, y que, dado que el tiempo es un recurso finito (y muy valioso) termina desplazando en el timing lo que sí es fundamental: el acompañamiento social.

Por último: lejos de (como a veces parece y comentó algún colega) hacer del rechazo a elaborar informes «un eje estratégico», insisto en que considero que la persona tiene derecho a obtener un informe social (aunque sea un modelo «básico») en cualquier momento (con las pruebas necesarias y respetando el contenido del mismo, claro), sin tener que dar más explicaciones. Negarse a hacerlos, nos pone, en cierto modo, en posición defensiva frente a la ciudadanía: algo que no figura en nuestro código deontológico.

Ánimo

Nacho

Os dejo con una de buen rollo: Qué bello es vivir. El Kanka